El Gobierno de Yucatán informó el 23 de octubre de 2026 que no ha otorgado autorizaciones para nuevas granjas porcícolas y que enfocará la vigilancia ambiental en las unidades que ya operan. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acumula 105.8 millones de pesos en multas tras 18 inspecciones entre 2025 y 2026, según Por Esto Yucatán.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) sostuvo que el suelo kárstico y la alta permeabilidad del acuífero elevan el riesgo de que los residuos porcícolas alcancen las fuentes de agua. Impulsa plantas de tratamiento, prevé una red de monitoreo de calidad del agua en tiempo real con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y firmó un Convenio Marco con la Semarnat y la Profepa el 3 de octubre de 2025, más un Convenio Específico el 7 de abril de 2026, de acuerdo con La Jornada Maya. En septiembre de 2025, la titular de la SDS, Neyra Silva Rosado, resumió el criterio: «Para dar una autorización en cualquier desarrollo industrial se requiere cumplir con una serie de requisitos».
El freno tiene antecedente. El 4 de septiembre de 2025, la Profepa ordenó la clausura total definitiva de la granja Santa María, de Pecuaria Peninsular, en Santa María Chi, con multa de 18.6 millones de pesos y obligación de reparar el daño ambiental; el retiro de 41,570 cerdos concluyó en abril de 2026. Kekén y sus aparceras concentran el 80% de la producción porcícola estatal: de 14 granjas propias, 11 instalan sistemas de tratamiento y 3 ya operan con ellos, con plazo a marzo de 2027 bajo la NOM-001-SEMARNAT-2021.
Las comunidades mayas mantienen otra lectura. El 20 de octubre de 2026, la Red en Defensa del Agua y el Territorio To'oné Ja'o'on y Greenpeace señalaron que, un año después de una denuncia popular, no conocen resultados de inspecciones, sanciones ni reparación del daño. Proceso reportó que el análisis de 17 pozos y cenotes halló nitratos en la mayoría de las muestras, dos por encima del valor de referencia de 50 mg/l de la Organización Mundial de la Salud, y que la red impugnó el convenio de transferencia de facultades mediante amparo; una jueza tercera de distrito concedió la suspensión definitiva.
El siguiente punto de control es marzo de 2027, cuando vence el plazo para que las granjas de Kekén concluyan sus sistemas de tratamiento; de 56 aparceras, 39 proyectos siguen en evaluación. La SDS no precisó cuántos puntos de monitoreo instalará ni cuándo entrará en operación la red con la UNAM.
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