Las comunidades mayas de Chocholá, Kinchil, Maxcanú y Santa María Chí cumplieron un año sin recibir de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los resultados de inspecciones y sanciones a granjas porcícolas denunciadas por contaminar el agua. La Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on difundió el reclamo, reportado por Por Esto Yucatán, el 20 de octubre de 2026.
El mismo día, Greenpeace México presentó un muestreo de 17 pozos y cenotes en Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz, tomado en agosto, de acuerdo con La Jornada. Según Dos Ocho, 13 de las 17 muestras dieron positivo a E. coli y dos sitios, Motul y Chocholá, superaron la referencia de 50 miligramos por litro de nitratos de la Organización Mundial de la Salud. El análisis Pig2Bac, procesado en Johns Hopkins y la UNAM, identificó materia fecal porcina.
Los expedientes se acumulan. La Profepa inspeccionó en junio de 2026 las granjas GARY 5 y 6, en Chocholá, y MOBA, en San Fernando, Maxcanú, sin publicar resultados, según Por Esto Yucatán. Las instalaciones Kekén 1 a 6, cerca de Kinchil y Celestún, también están señaladas. La dependencia además firmó con el gobierno estatal un convenio para trasladarle la autorización y el monitoreo de las unidades porcícolas; la Red lo impugnó en amparo, según Proceso, y la Jueza Tercera de Distrito en Yucatán concedió una suspensión definitiva.
Wilberth Nahuat Chalé, integrante del colectivo To’one Ja’o’on, planteó el reclamo ante Dos Ocho: “Nuestras aguas siguen contaminadas, siguen envenenadas y los pueblos estamos desesperados por la situación que está pasando”. Ornela Garelli Ríos, directora de campañas de Greenpeace México, afirmó que “existe una contaminación generalizada en estos sitios mostrados”. A ello se suma el traslado de miles de cerdos desde Santa María Chí hacia Tebacal y San Antonio Tzacalá, cerca de la Reserva Ecológica Cuxtal, que abastece de agua a Mérida.
La Red pidió publicar los procedimientos administrativos de 2025 y 2026, las sanciones y su cumplimiento, y un monitoreo independiente de pozos y cenotes con participación de los habitantes. También exigió investigar la mortandad de peces reportada en la laguna entre Kinchil y Maxcanú. Greenpeace solicitó una moratoria inmediata a nuevas granjas y ampliaciones en la península. El amparo sigue ante la Jueza Tercera de Distrito en Yucatán; la publicación de los resultados de junio de 2026 es la siguiente prueba para la Profepa.
Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes locales verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.
