El 8 de octubre de 2026, Gabriel Rodríguez Cedillo, doctor en Gobierno y Administración Pública y profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), planteó revisar el aumento del valor del suelo en Umán: «Sería interesante saber en qué momento y cómo, el valor del metro cuadrado que valía 2 pesos, aumentó a 2,000 pesos».
La revisión apunta a la compra de terrenos que el gobierno estatal pactó con el empresario José Antonio Loret de Mola Gómory, con pagos a plazos hasta 2028 por más de 2 mil 418 millones de pesos (mdp), según publicó el Diario de Yucatán. De esas tierras, 56.5 hectáreas fueron donadas al Tren Maya de carga, que tendrá el ramal Poxilá-Progreso. La administración estatal precisa que el costo de las tierras fue de 627.2 mdp y el gobernador Joaquín Díaz Mena aseguró que el recurso proviene del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado.
El 16 de septiembre de 2026, el Congreso de Yucatán aprobó donar seis inmuebles en Poxilá y Bolón, en Umán, a Tren Maya, S.A. de C.V., reportó El Universal. En esa sesión, el diputado del PRI Gaspar Quintal Parra señaló que el dictamen no aclara «cuánto le costaron al Estado, cuánto valen hoy», y sostuvo: «Esta operación merece una explicación clara y directa».
Rodríguez Cedillo enumera tres elementos para valorar la tierra: la existencia de un mercado, el número de compradores y vendedores, y el valor catastral. «La cuestión de esta operación es que solo hay un comprador y vendedor», dice. Sobre el retorno, apunta que el ramal de carga «es un proyecto de largo plazo» y sitúa los primeros ingresos en un plazo de cinco a diez años.
El investigador también pide revisar si hubo información privilegiada: «Lo interesante de analizar es cómo supo el empresario que vendió que por allí iba a pasar el Tren Maya». Sobre las finanzas estatales, advierte que esas inversiones generan un hueco porque para cubrirlas se pide un préstamo o se ajustan el presupuesto y los programas.
Lo que sigue, dice, es determinar el valor catastral y el momento en que cambió. El decreto de donación ya fue aprobado por el Congreso y la operación quedó inscrita; el punto pendiente es el documento que explique el salto del precio del suelo en Poxilá y quién lo autorizó.
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