Los trabajadores de Mérida, Umán, Kanasín y Hunucmá que viven lejos de los parques industriales dedican hasta dos horas y media diarias al traslado, el equivalente a 75 jornadas laborales de ocho horas al año. El cálculo es del economista Javier Becerril García, investigador de la Facultad de Economía de la UADY, en una entrevista publicada el 29 de septiembre de 2026 en el Diario de Yucatán.
Ese tiempo no aparece como pérdida en el PIB, pero sale del descanso, la salud y el cuidado familiar. El problema, plantea el investigador, es de localización: la vivienda que el salario alcanza a pagar está lejos de donde se crean los empleos formales. Yucatán llega con un faltante de 178 mil viviendas, según el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. "Faltan 178 mil viviendas en el estado", dijo en enero de 2026 durante la entrega de las primeras casas del programa Vivienda para el Bienestar en Mérida, según El Universal.
El salario diario asociado al IMSS en Yucatán fue de 554.84 pesos en marzo de 2026, por debajo de los 663.45 pesos del promedio nacional, y la informalidad estatal fue de 59.9%, arriba del 55.0% del país. El valor de la vivienda en el estado subió cerca de 98% entre 2017 y el tercer trimestre de 2025, según cifras que MetropoliMid recopiló el 20 de mayo de 2026.
Becerril advierte que el desajuste "se ha convertido en un cuello de botella significativo para la competitividad de Yucatán". "Una economía regional puede atraer inversión y, al mismo tiempo, perder competitividad si los trabajadores no pueden vivir razonablemente cerca de los empleos creados", agrega. En los corredores de Umán, Hunucmá y Kanasín, señala, las maquiladoras contratan autobuses para su personal, lo que "revela una falla de coordinación territorial". Estudios que cita muestran ausentismo 15% a 20% menor cuando el trabajador vive a 15 minutos de su empleo.
El Infonavit tiene contratados 14 proyectos con 33 mil viviendas en Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tizimín, Ticul, Progreso y Valladolid, 13 mil ya en obra, según El Universal. Hasta 2024, el estado construía unas 400 viviendas de interés social al año para trabajadores de uno a dos salarios mínimos, de acuerdo con La Jornada. El pendiente, dice el economista, no es cuántas casas se levanten, sino dónde: "La vivienda bien localizada debe entenderse como infraestructura productiva, no solo como política social".
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